Las investigaciones al papel del exmandatario en los eventos que llevaron al asalto al Capitolio en enero de 2021 y a los documentos clasificados de la Casa Blanca que terminaron en Mar-a-Lago, residencia de Trump en Florida
El fiscal general, Merrick Garland, designó un fiscal especial que se hará cargo de dos investigaciones que involucran al expresidente Donald Trump con el fin de determinar si hay méritos para presentarle cargos criminales.
Se trata de su papel en los eventos que llevaron al asalto al Capitolio y a su manejo de material sensible del gobierno. Estará a cargo Jack Smith, un fiscal federal que ha trabajado recientemente en la Corte Penal Internacional en La Haya.
El anuncio de Garland se da habiendo pasado apenas días del anuncio en el que Trump dijo que aspirará nuevamente a la presidencia. La designación de un fiscal especial busca poner espacio entre el Departamento de Justicia y una investigación con una fuerte carga política. Además suele ser más difícil remover a un fiscal especial de un caso. Smith reportará a Garland, quien es finalmente el encargado de presentar cargos si se encuentran méritos para ello.
“En base a los acontecimientos recientes, incluido el anuncio del expresidente de que es candidato a presidente en las próximas elecciones, y la intención declarada del presidente en ejercicio de ser candidato también, he llegado a la conclusión de que es de interés público nombrar a un fiscasl”, dijo Garland este viernes en una breve intervención ante la prensa.
Garland aseguró que Smith “ha construido la reputación de un fiscal imparcial y decidido”.
Con esta designación se espera que las investigaciones ganen ritmo ahora que han pasado las elecciones de medio término. En el pasado, Garland ha expresado que su enfoque -y el del Departamento de Justicia que comanda- está en los hechos, la evidencia y la ley. También en lograr que ese departamento recobre la independencia política tras los tumultuosos años de la administración de Trump.
La investigación por los documentos encontrados en Mar-a-Lago
Al dejar la Casa Blanca, Trump se llevó documentos de la presidencia a su casa. Parte de esos materiales contienen información clasificada, de acuerdo con los hallazgos del FBI. La Ley de Registros Presidenciales (PRA, por sus siglas en inglés), establece que la eliminación de registros oficiales puede ser un delito penal.
En febrero de este año, los Archivos Nacionales (que es el organismo que resguarda la documentación de la Casa Blanca) informaron que habían recuperado 15 cajas de papeles de Mar-a-Lago, que Trump debería haber entregado cuando dejó el cargo. Los Archivos Nacionales informaron que en las cajas habían hallado documentos con información clasificada de seguridad nacional. Trump lo negó.
Sin embargo, tras el allanamiento que el FBI hizo el 8 de agosto en Florida, se supo que Trump aún tenía bajo su poder documentos clasificados, que deberían haber sido entregados.
Cuando el Departamento de Justicia hizo pública la orden de allanamiento a Trump, se conoció que consideran que había razones para sospechar que la retención de documentos pueden ser violaciones a la Ley de Espionaje, así como leyes de manejo de documentación gubernamental y de obstrucción a la justicia.
¿Qué encontró el FBI en el allanamiento a la casa de Trump? Entre otros elementos, había 18 documentos marcados como ultrasecretos, 54 documentos marcados como secretos y 31 documentos marcados como confidenciales. Encontraron además 48 carpetas vacías que tenían etiquetas de “clasificado”. Esto abre el interrogante sobre si los agentes federales recuperaron toda la documentación de gobierno potencialmente clasificada que Trump se llevó de la Casa Blanca a su residencia.
La investigación por el asalto al Capitolio
Se trata de una investigación separada a la del Comité Selecto de la Cámara de Representantes. Representantes de ese comité consideraron que Trump incitó una “insurrección” el 6 de enero de 2021, el día que sus seguidores irrumpieron violentamente en el Congreso cuando estaban por certificar la victoria de Joe Biden.
En una primera fase, el Departamento de Justicia se centró en los atacantes del 6 de enero. Pero luego, comenzó a investigar las acciones y maniobras de funcionarios para tratar de alterar la derrota electoral de Trump. Reportes indican que el departamento investiga la estrategia conocida como ‘falsos electores’: una maniobra de aliados de Trump que elaboraron listas falsas de electores en algunos estados muy disputados, como Georgia y Arizona, e intentaron presentarlas al Congreso sin tener la certificación del estado. Buscaban crear confusión y retrasar la certificación del resultado electoral, algo que puede ser considerado un intento de fraude.
Garland ha mantenido hermetismo en la investigación sobre los intentos por alterar la elección presidencial de 2020.